𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀
La Defensoría del Pueblo, frente a la agresión física y el secuestro de trabajadores de la prensa, retenidos ayer durante 17 horas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, a manos de personas encapuchadas y que portaban armas de fuego, exige el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de expresión, una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de la Democracia.
En la acción fueron retenidos reporteros de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, quienes fueron liberados más tarde, varios de ellos con lesiones y con sus equipos dañados. Una cámara filmadora recibió un impacto de bala, de acuerdo con el testimonio de uno de los periodistas. Los trabajadores de la prensa deben ser protegidos por el Estado para garantizar la libertad de expresión, que a su vez es protegida por la Constitución Política del Estado.
Los periodistas fueron retenidos, junto a civiles y policías, de manera violenta por encapuchados, quienes fueron denunciados por avasallar una propiedad privada. Estos hechos, además de atentar contra los derechos humanos, se constituyen en delitos penales, como privación de libertad, secuestro, tenencia y portación de armas, y lesiones leves y graves.
La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se naturalicen; además, demanda el respeto al trabajo de los periodistas para garantizar el derecho de la población de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión.
