A 3 años de la Masacre de Senkata, nunca se ha probado que los vecinos hayan querido volar la planta de gas

La Paz 19 de noviembre de 2022: El 19 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 11 de la mañana, se inicia la masacre de Senkata. La acción militar-policial está amparada en el DS 4078 emitido por Jeanine Áñez el 14 de noviembre. Algunas tanquetas de guerra y caimanes llegan por la avenida Estructurante y los policías estaban dentro de las instalaciones de YPFB. Son más de 40 motorizados militares equipados con armamento militar, como se observa en varios videos.

En el lugar no había un gran movimiento de gente, a lo sumo 300 a 400 personas manteniendo el bloqueo en la extranca de Senkata. De pronto sale una gran cantidad de camiones cisternas cargados de combustible y se inicia la refriega y la violencia. El bloqueo era en rechazo al nuevo gobierno. Se produce disparos a mansalva con armamento letal. Aunque según el Ministro de Defensa, los militares no dispararon.

“Del ejército no salió ni un solo proyectil…Las Fuerzas Armadas tiene como primer deber hoy por hoy entablar el dialogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico… Hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tiene un carácter de terrorismo de Estado” (Fernando López).

A los motorizados militares acompañan helicópteros por aire. Éstos sobrevuelan para observar el movimiento de la gente. Algunos que estuvieron en el lugar exacto afirman que desde el aire ‘han disparado gases lacrimógenos’ y posiblemente armamento letal. La gasificación es profusa junto a los disparos de armas de fuego. Las mujeres ruegan de rodillas cubiertas de wiphalas para que no disparen más porque además están atrapados en medio de los gases. Soldados con armas de fuego y policías los rodean. Siguen gritando pidiendo auxilio. Una imagen fuerte. Los muertos fueron velados en la iglesia San Francisco de Asís de Senkata.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA es el primer organismo internacional en hablar expresamente de la masacre. Afirma:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habrían incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas” (CIDH, 2020).

Hay nueve muertos. Meses después fallecen otros. Hay heridos, detenidos y torturados. Este último, según el informe de ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), hasta octubre de 2020 hay oficialmente más de 50 heridos. Y algunos heridos no ha sido atendidos en los centros médicos. ITEI hace notar que en el Hospital Corea un médico habría denunciado a los heridos a la Policía. En razón de ello se afirma que muchos no han acudido a los centros médicos. Hay muchos detenidos y existe la denuncia de torturas físicas y psicológicas. ITEI documenta los tratos inhumanos.

Una madre de 38 años declara: “Un oficial me ha interrogado. Me he puesto a temblar. No he leído mi declaración, he firmado.”

Un joven declara: “Uno hizo el movimiento de cargar su fusil. Me ha hecho temblar, me ha hecho lagrimear. Hasta ahora me despierto 4 a 5 cinco veces en la noche” (ITEI, 2020).

La Fiscalía ha imputado a varias personas con la acusación de haber sido parte del derribo de los muros de YPFB con dinamita. Aunque parece no tener mucho sentido.

“Dos lugares de la pared son derribados y también se observó fuego dentro de la planta. Segundos después se escucharon disparos de arma de fuego en la planta de Senkata, ya le habían disparado a uno de ellos. Cuando cayó el primer herido, otros manifestantes fueron a auxiliarlo, pero ya era tarde. El disparo le había llegado en el pecho. La gente enardecida entró y prendió fuego al menos a cinco coches y empezaron a caer otros muertos. Ellos vieron que sus seres queridos estaban siendo asesinados y otros no habían. Se escuchaban a muchas personas que decían ‘no aparecen sus seres queridos’. En principio se pensaba que habían ocultado los cuerpos de la gente. Y pues, no querían que se les devuelva el cadáver. Entonces la gente se enfureció” (PM).

Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los hechos, sostuvo: “Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos (Potosí) y tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola”. En este conflicto habría 833 heridos, 37 fallecidos incluido los casos de Montero (Santa Cruz), Betanzos (Potosí), Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, después de casi un año, denunció que las Fuerzas Armadas no han entregado el Plan de Operaciones de Senkata y Sacaba por considerarlo “secreto militar”. Para el diputado Borda: “se han colectado proyectiles que fueron sometidos a pericias y es necesario realizar la comparación con el armamento utilizado en esa jornada por las FFAA”; se habría accedido al plan de operaciones.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia expuso otros datos mediante un Informe. Se observa que hubo acciones sistemáticas de someter a la fuerza a ciudadanos civiles desarmados. Y muestra imágenes inéditas que hacen parte de cómo ocurrieron los hechos. Esos datos dejan notar que hubo un hecho planificado y con intención de eliminar al adversario bajo un mismo acto o patrón.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento y habla de graves violaciones a los derechos humanos en estos hechos: “(E)ncontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata”. Y Amnistía Internacional (2020) recomendó al Estado boliviano actuar dentro de los marcos de la Constitución y los convenios internacionales ante la impunidad.

Para agravar, la mayoría de los medios de comunicación difunden la noticia de que los alteños querían explosionar las instalaciones de YPFB. Hoy ese dato no es comprobable. Y, pues, estamos justo a un año de la masacre.