Áñez debe ir a juicio penal por caso EBA, Tribunal ratifica fallo
Por la designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados
La Paz, 04 de noviembre de 2022: La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia ratificó este viernes la decisión judicial de que no hay acreditación de la condición de Presidenta de Jeanine Áñez, por lo que se dio curso a un juicio penal por la designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).
El Ministerio de Justicia informó de la ratificación de la “Resolución 912/2022 de fecha 13 de octubre de 2022, emitida por el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” sobre Áñez, quien tomó el poder en 2019 sin cumplir los procedimientos constitucionales de sucesión.
La Fiscalía la imputó en noviembre de 2021 por la designación irregular y la acusó de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad.
Karina Leiva Áñez, según la investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo al que le asignaron, como una licenciatura.
“Mediante dicha Resolución (912/2022) se dispuso que Jeanine Añez Chávez sea juzgada en la vía ordinaria, toda vez que no existe documento alguno que acredite su condición de Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, ni cumplimiento al procedimiento para la sucesión constitucional establecida en el Art. 169 de la Constitución Política del Estado y la normativa vigente”, informó el Ministerio de Justicia.
La exsenadora se encuentra detenida en la cárcel con sentencia condenatoria por la toma de la presidencia del Senado en 2019, sin haber cumplido los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates. Ese hecho le valió hacerse del poder, con el aval de políticos de oposición y cívicos, sin haber cumplido procedimientos ni formalidades legales, según la pesquisa de la Fiscalía.
Tomó el poder, luego de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, acorralado por una protesta cívica violenta, un motín policial y la “sugerencia” militar de la renuncia presidencial.
La ratificación judicial representa un precedente, para otros casos instaurados contra Áñez. El activista de derechos humanos David Inca explicó el 13 de octubre que este fallo judicial es un precedente para que la Fiscalía impute a la presidenta de facto por los hechos de violencia y muerte en las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. /HC
