Después de 36 días de paro Santa Cruz ha quedado destruida y el  causante es el Gobernador: Asegura Analista

El análisis lo realizó la cientista política Susana Chacón.

Santa Cruz, 30 de noviembre de 2022:,  los datos preliminares de las pérdidas económicas para el departamento arrojan Más de 1.200 millones de dólares en el sector privado y 300 millones de bolivianos en el sector estatal, evalúa Chacón.

“Nuestra economía departamental está por los suelos”, lamentó la experta cruceña en entrevista con la televisora privada ATB.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del país, recuperó la normalidad y su habitual vitalidad urbana pero la “fractura social” del paro de 36 días “tardará en llegar”.

La economía seguramente se podrá recuperar en algún momento, dijo Chacón, pero hay pérdidas que son irreparables para algunas familias cruceñas.

Recordó que durante los 36 días de paro murieron tres personas en los bloqueos urbanos, y uno en la frontera con Brasil, y que otros cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibieron atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.

Durante el violento paro cívico la inseguridad ciudadana en los puntos de boqueo provocaron, además, una violación grupal, cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023.

Los “malvivientes”, como el propio comité cívico calificó a los bloqueadores, llegaron al extremo de violar el Derecho Internacional Humanitario al agredir a personal sanitario, obstaculizar el paso de ambulancias, utilizarlas con otros fines y restringir el acceso de pacientes a centros médicos.

Se reportó un caso en que se abordó un trasporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial médico.

En otros incidentes, muy frecuentes, se demandó en sitios cercanos a centros médicos a que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.

En el área rural esas mismas facciones cometieron acciones de racismo y discriminación contra la población indígena, como la ayorea y chiquitana, y la campesina intercultural.

“Es una vergüenza que tengamos este tipo de gobernador, que esté incitando a la separación, que esté incitando a la desobediencia, al racismo, al odio, a la muerte”, afirmó la analista.

El paro cívico arrancó el 22 de octubre con la propuesta del Ejecutivo del censo 2024, rechazada por los cívicos, y concluyó el 26 de noviembre confirmándose esa fecha sobre una base técnica.

Eduardo Arancibia Barrancos, de 22 años, falleció al ser casi decapitado por un cable de tendido eléctrico que los bloqueadores dejaron amarrado a baja altura entre dos árboles.

El joven chofer de mototaxi circulaba de madrugada en su vehículo de dos ruedas y, al intentar sortear un punto de bloqueo en el barrio Tres Lagunas, ninguna señal le advirtió del letal obstáculo.

En el barrio Latino dos hombres fueron atacados a puñaladas por un grupo de personas.

Uno falleció y el estado de salud del otro, que está internado en un centro de salud de la ciudad, es de diagnóstico reservado.

De acuerdo con el comandante de la Estación Policial Integral 9, Jorge Espejo, el fallecido es José Eduardo Sosa, de 28 años.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, reveló desde la Capital del Estado que Sosa perdió la vida al desangrarse por múltiples puñaladas y que, además, “le extirparon el corazón”.

Otra persona murió al ser atropellada por un motorizado que intentó esquivar una barricada que bloqueaba el paso.

Julio Taborga fue el primer fallecido del paro cívico. Murió en la madrugada del 23 de octubre en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil.

Taborga era funcionario del municipio fronterizo.

La madre de una víctima pidió a la Casa de la Mujer que denuncie que, en un punto de bloqueo durante el tercer día de paro cívico, se cometió una violación agravada por múltiples agresores.

“La Policía activó inmediatamente todos los mecanismos de investigación para encontrar a los responsables del hecho”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Carlos Oporto.

En este caso, el secretario general de la Fiscalía General del Estado también explicó que se trata de una joven de 21 años y que ya se desplegó un equipo multidisciplinario especializado para avanzar en el caso.

El hecho habría ocurrido el 24 de octubre en la zona periurbana de Pampa de la Isla, en el barrio Señor de los Milagros, próximo al cuarto anillo.

El exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, consideró en su momento que en Santa Cruz rige de facto una “masiva y sistemática” violación a los derechos humanos como efecto del paro.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que en la capital cruceña ocurrieron múltiples vulneraciones de derechos a la salud, a la vida, a la integridad y a la libre circulación.

Callisaya indicó que en 35 días de paro se registraron 68 denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos.

SZ

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