Encaminan ley de comunicación alternativa

La Paz, 10 de mayo de 2022 (PR).-  La diputada Viviana Lily Aparicio Romero de la bancada del MAS-IPSP, informó este martes a Prensa Rural que en aproximadamente dos meses los medios alternativos tendrán una nueva ley que permitirá su sostenibilidad en el tiempo y espacio para que no sean censurados por ningún gobierno que quiera acallar la voz de los pueblos.

En ese marco, la asambleísta afirmó que la propuesta de ley está en la  última etapa de trabajo con las Organizaciones Sociales porque estas son parte de la elaboración de la que será la “Ley de comunicación indígena originaria campesina Intercultural y afroboliviana”.

“Esta norma tendrá como el objetivo fortalecer a los medios de comunicación alternativa, medios de comunicación comunitaria y de los pueblos indígenas que es la principal preocupación de nosotros los comunicadores indígenas”, mencionó Aparicio.

Bajo ese contexto, puntualizó que la propuesta la tienen antes del  golpe de Estado de 2019 y después de esto recién se dieron cuenta que había que reformar algunos puntos por tal motivo entro a una etapa de revisión “por eso se debe cuidar que nuestros medios no vuelvan a ser clausurados, censurados por eso todo eso engloba esta ley” sostuvo la legisladora.

“Se está reforzando el tema de sostenibilidad de los medios de comunicación, se debe cuidar los medios de comunicación, por tal motivo se trabaja y refuerza con la Organizaciones Sociales, está en etapa de revisión por parte de las Confederaciones del Pacto de Unidad que presentarán esta ley máximo en dos meses”

Asimismo, resaltó que luego de que la ley este concluida, ingresará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se la promulgue: “Como legisladores debemos hacer que se encamine lo antes posible”, sostuvo después de participar en el conversatorio multimedia en vivo en el periódico Prensa Rural con la temática “Periodismo en Bolivia: Reflexiones desde la democratización y la información como bien público constitucionalizado”.

El 4 de enero de 2020 el gobierno de la entonces mandataria Jeanine Áñez arremete contra la libertad de expresión y de prensa ocasionando que 53 radios comunitarias se  vean en la necesidad de suspender sus informativos, cortando la transmisión o limitándose a transmitir música. Estos sucesos suman a las tomas de las radios que se han dado en los inicios de noviembre y a la interrupción de las transmisiones de televisión de TeleSur y Actualidad RT.

En territorio nacional, antes del golpe de Estado, existían 94 Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s), que transmitían en lenguas originarias y en castellano como parte de su “derecho de manifestarse en el marco de su propia cultura y de su lengua” (informe de gestión del ministerio de comunicación 2018).

Las RPO’s, despues del golpe de Estado, se vieron obligadas a interrumpir los informativos como consecuencia del saqueo, el destrozo en algunos casos y en otros porque se ha preferido resguardar el equipo para no sufrir sus consecuencias, en tanto, la decisión del régimen de parar el pago de publicidad estatal en esas emisoras fue otra de las causas de suspensión de la producción radiofónica, ya que no podía pagar el salario de sus trabajadores por la falta de recursos económicos.

Mientras que, el 9 de noviembre el  gobierno de Áñez, realizó la toma de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Radio Comunidad y amarró al director de esa institución a un árbol con intenciones de quemarlo vivo. En aquella ocasión también tomaron Bolivia TV y Red Patria Nueva (ahora llamada Radio Illimani) e interrumpieron las transmisiones de los canales de televisión TeleSur y Actualidad RT.

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