Relator de la ONU, deja un informe preliminar con 9 conclusiones

La Paz, 22 de febrero de 2022 (PR).- El alto funcionario de ONU a lo largo de una semana, desde el 14 de febrero, se reunió con diferentes instancias y señaló que como relator no llegó a Bolivia  para tomar posición en contra o a favor de determinadas causas o personas.

El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, presentó este martes en conferencia de prensa su informe preliminar con nueve conclusiones tras terminar su vista en Bolivia para observar la independencia de la justicia.

En ese marco, el alto funcionario de ONU a lo largo de una semana, desde el 14 de febrero, se reunió con diferentes instancias y señaló que como relator no llegó a Bolivia  para tomar posición en contra o a favor de determinadas causas o personas.

Mencionó que su trabajo fue: “Examinar la situación de la justicia a analizar cuáles son las restricciones para un adecuado acceso y funcionamiento de la justicia e independencia de la misma y alcanzar recomendaciones al Estado”, a tiempo remarcar que entregará el informe oficial en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En esa línea García-Sayán dijo que las conclusiones a las que llegó sobre la independencia en Bolivia son:

La justicia está lejos de la gente,  señaló que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justica responda a dramas cotidianos, y realzó los casos de excarcelaciones por “medios corruptos” para beneficiar a delincuentes. “Estamos hablando de un tema importante que merece atención y que hoy día nos preocupa no solo a abogados o jueves sino a la comunidad boliviana en general”, dijo.

“Seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia y cómo el crecimiento de los ataques a las mujeres que ha sido exclusivo”. Mencionó y ponderó que entre 2013 y 2021 los feminicidios llegaron a 869 en total.

Respecto a la justicia indígena, se refirió a que es “tema de importancia” en un país multiétnico como Bolivia. No obstante, lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones «severas» y limitaciones que en la práctica hacen que «se borre con una mano» los principios constitucionales que respaldan la misma.

En cuanto a los privados de libertad, observó que el hacimiento carcelario tiene “ribetes particularmente dramáticos” ante un 349% de “índice alto” de hacinamiento y señaló que la mayoría de los reos sólo tienen detención preventiva. En este punto se refirió a la situación de Jeanine Áñez, que no pudo ser atendida en un centro médico dadas las circunstancias, pero señaló que el Estado es responsable de los privados de libertad y se debe respetar el debido proceso. “Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que por supuesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”

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Observó la estructura del Órgano Judicial, que cuenta con 1.000 jueces y que cada uno debe hacerse cargo de más de 500 expedientes. Resaltó además que para la defensa pública solo hay disponibilidad de 54 defensores en todo el país “haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública con esos recursos y limitaciones” pidió tomar en cuenta el número de jueces y revisar el presupuesto.

En ese sentido, sobre la carrera judicial y los jueces transitorios, señaló que esta “no existe” puesto que los jueces son transitorios y no se halla justicia.

En tanto, el Ministerio Público es entidad fundamental para la investigación del crimen y la percepción del delito. Dijo que recibió comentarios y críticas sobre limitaciones en acceso de información, sobre el curso de los procesos. Por eso, unas de las recomendaciones para esta instancia es el “fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que puede cubrir sólo el 10% de los municipios del país”.

“Graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis de 2019”, asevero e informó que se reunió con las víctimas de Senkata, Sacaba y de la zona sur de La Paz, remarcando que esperan por justicia y reparación de daños.

Asimismo, habló sobre las reformas constitucionales ilegales y el proceso de designación de las altas cortes en Bolivia. En este punto sostuvo que halló puntos de vista “muy variados”. García-Sayán sostuvo que “no existe un modelo de cómo designar a los jueces”, pero señaló que la elección que hubo en Bolivia “deja dudas”, por lo que llamó a que es un tema que se debe seguir discutiendo y permitir una satisfacción de la población.

Antes de su viaje García -Sayán,  hablará con el presidente Luis Arce Catacora y tendrá  reuniones de cortesía para despedirse formalmente del canciller Rogelio Mayta y el ministro de Justicia, Iván Lima.

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COV

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